Maria Claudia Medina Taboada directora de la Rama Judicial : Exigen resultados de denuncia. Inacción y protección de Jose Mauricio Cuesta
Tiene que ver con presuntos actos de corrupción en la Rama Judicial de Sucre, señala que en la oficina de Mauricio Cuesta Gómez, director ejecutivo de administración judicial del Consejo Superior de la Judicatura de Bogotá reposa, sin ningún resultado a la vista, la denuncia que en su momento hicieron veedores sucreños contra María Claudia Medina Taboada, directora administrativa de la Rama Judicial en Sucre. "Este es otro caso de trascendencia que ha ocurrido en Sucre. Los mismos que administran la justicia están haciendo de las suyas y no pasa nada. Desde el año pasado se denunció a la directora y no ha pasado nada. Todo ha quedado ahí, no hay resultados de esa denuncia. Ese señor no ha actuado", expresa uno de los denunciantes. Es de indicar que contra Medina circuló una denuncia anónima que fue radicada formalmente y de forma virtual por veedores el 26 de junio del año pasado. Lo hizo ante el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura en Sucre, Alonso Acero. Pero el 6 de julio del año pasado el Consejo Seccional dijo que la denuncia fue remitida al director ejecutivo de administración judicial, en este caso a Cuesta Gómez, por ser el que le compete llevar el proceso de Medina.
La denuncia contra la funcionaria hace alusión a hechos que la relacionan con nombramiento de personal sin el lleno de requisitos, presunta negligencia en el mantenimiento de la planta eléctrica y de los ascensores de varias torres o edificios judiciales, creación de un presunto carrusel de contratación para las obras en la Rama Judicial, supuesta nómina paralela, presunto pedido de dádivas a las empresas de aseo y vigilancia y otros. El denunciante también cuestiona a la Procuraduría General de la Nación por la demora en abrir un proceso disciplinario contra Medina por unos hallazgos detectados en auditoría de cumplimiento que efectuó la Contraloría General de la República en varios contratos que suscribió la funcionaria.
Uno de los hallazgos tiene que ver con la adquisición de insumos para atender la emergencia del covid-19. Trata de la adquisición de 12 mil tapabocas por la suma de 36 millones 963 mil 400 pesos. La Contraloría analizó el costo de cada tapaboca y determinó que salieron a 2.352 pesos, lo que en criterio del ente de control es un sobrecosto.